Este pasado sábado, el Rov submarino descendió a las profundidades de las aguas de Terranova con el fin de comprobar si la estructura metálica localizada por el buque Ártabro era el pesquero Villa de Pitanxo, que naufragó en febrero de 2022 cuando faenaba en esas aguas. El Ártabro es el barco encargado de la misión de búsqueda, localización e inspección del pecio de dicho barco pesquero.
Una vez confirmado que los restos pertenecen al Villa de Pitanxo, lo siguiente sera la grabación del pecio por parte del operativo desplegado en el buque Ártabro con el fin de esclarecer los hechos ocurridos el fatídico 11 de febrero de 2022, cuando el pesquero se hundió, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros que se encontraban a bordo en ese momento.
Desde ese momento los familiares de los fallecidos han tratado de averiguar lo sucedido por lo que han insistido de manera incansable en que se baje al pecio con el fin de buscar pruebas que arrojen luz a los hechos acontecidos durante esa noche. La localización por parte del Ártabro de unos restos metálicos en la zona donde se produjo el hundimiento hizo que las familias se mostrasen “expectantes y esperanzadas”, y a la espera de porder confirmar que dichos restos se tratasen, efectivamente, del pesquero hundido.
Investigación judicial
Durante la instrucción del caso abierto a raíz del accidente, el juez tomó declaración al patrón del pesquero, Juan Padín, en calidad de imputado, mientras que ha su sobrino, Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, se les tomó declaración como testigos ya fueron los únicos supervivientes del naufragio.
Es la declaración de este último la que motivó la investigación judicial, ya que ofreció una versión que contradice la ofrecida por el patrón, y donde el marinero apuntaba a posibles negligencias por parte de Padín y Rial que podrían haber desencadenado la tragedia vivida esa noche y que acabo con el pesquero en el fondo del mar.
Una vez que tomó declaración a los tres supervivientes, el juez del caso, decidió retirar el pasaporte al patrón, prohibirle salir de España y le impuso la medida cautelar de comparecer ante el juzgado cada quince días, así como de estar localizado. La aparición del pecio y la posibilidad de grabarlo ayudará a aclarar la investigación ya que dichas grabaciones servirán como pruebas de la instrucción.