La Comisión Europea no aprecia colisión alguna de la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios, al quedar salvados los intereses financieros de la UE y excluirse los casos de ‘lawfare’, con lo que entiende que se trata de un asunto doméstico cuya evaluación corresponderá a las autoridades nacionales competentes, según las primeras impresiones de sus servicios, si bien el texto sigue bajo estudio.
Las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario respecto a la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho, concretamente en el principio de separación de poderes. Sin embargo, tras un primer vistazo al texto registrado el pasado lunes en el Congreso de los Diputados por el PSOE, esas dos preocupaciones se han disipado porque ambas cuestiones quedan fuera de la proposición de ley.
El artículo 2 del texto detalla los supuestos que se excluyen de la futura amnistía, incluyendo entre ellos “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”. En cuanto al ‘lawfare’, aunque no lo menciona expresamente, ciñe los actos amnistiados a los “vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista”, señalando delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación, lo que deja fuera otros como el blanqueo de capitales, organización criminal o asociación ilícita, falsedad documental o contra la Hacienda Pública.
Para Bruselas la proposición de ley, en su estado actual, es un asunto de ámbito nacional cuyo control corresponderá a las autoridades competentes, empezando por el Parlamento, que debe tramitarla y aprobarla, y acabando por el Tribunal Constitucional (TC), que tendrá la última palabra sobre su legalidad.
Las fuentes consultadas puntualizan que las motivaciones políticas para aprobar una ley de amnistía, ya sean las expresadas en la exposición de motivos –que la justifica por la necesidad de rebajar la “tensión institucional”– o el apoyo de las fuerzas independentistas a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, no tienen relevancia para la Comisión Europea porque son los órganos nacionales quienes deben evaluarlas.
