El ultraderechista Javier Milei, representante del partido La Libertad Avanza, ha emergido como el vencedor en las recientes elecciones presidenciales de Argentina. Milei ha logrado una victoria decisiva sobre su oponente, el candidato peronista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, con una diferencia de casi doce puntos porcentuales, según los datos del 96% del escrutinio.
A partir del 10 de diciembre, Milei asumirá la presidencia de Argentina, habiendo obtenido el 55,77% de los votos, en comparación con el 44,22% que logró Massa. Antes de la publicación oficial de los resultados, Massa se puso en contacto con Milei para felicitarle y desearle suerte, reconociendo que “es el presidente que la mayoría de argentinos eligió para los próximos cuatro años”.
Massa, en su discurso, enfatizó la importancia de la convivencia, el diálogo y la paz en medio de la violencia y la descalificación. Defendió su elección de un sistema de seguridad controlado por el Estado y la defensa de la educación y la salud pública como valores centrales. A pesar de la derrota, Massa prometió continuar defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo.
Por otro lado, Milei, en su primer discurso como presidente electo, saludó a “los argentinos de bien” y proclamó que “hoy comienza la reconstrucción” en Argentina y “el fin de la decadencia”. Abogó por un modelo de libertad y propiedad privada, y prometió que Argentina volverá a ser una potencia mundial.
Milei también instó al gobierno saliente a “hacerse cargo hasta el final del mandato” y extendió una invitación a otras fuerzas para unirse a su proyecto. Prometió que “no hay lugar para los violentos ni para los que violan la ley para defender sus privilegios”.
La participación en las elecciones fue del 76,37%, una cifra superior a la de la primera vuelta de los comicios celebrada el pasado 22 de octubre. En Argentina, el voto es obligatorio, con algunas excepciones contempladas por la ley. La falta de participación puede resultar en multas e inhabilitación para realizar gestiones ante los organismos oficiales durante un año.
