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miércoles, diciembre 6, 2023
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El Tribunal Constitucional examinará esta semana el impuesto a las grandes fortunas y la ley de financiación de partidos políticos

El Tribunal Constitucional (TC) tiene una agenda ocupada esta semana, con varios asuntos importantes en su pleno. Entre ellos se incluyen el recurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) sobre la ley de financiación de partidos políticos, y la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la ley del litoral gallego.

El TC estudiará la cuestión de inconstitucionalidad que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS formuló sobre el inciso de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que establece que las sanciones por superar en un 10% o más los límites de gastos electorales no podrán ser inferiores a 25.000 euros. Esta cuestión fue remitida al Constitucional por el TS en el marco de un caso que estudia sobre la formación política ‘Sí se puede’, que se presentó a las elecciones locales de 2019 en Santa Cruz de Tenerife y en La Gomera y fue objeto de un procedimiento sancionador por parte del Tribunal de Cuentas.

Además, los magistrados abordarán el recurso del Gobierno de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas. Según las fuentes jurídicas consultadas, la ponencia redactada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer propone rechazar el recurso ‘popular’. El borrador de sentencia sostiene que la creación de dicho gravamen no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal.

El Ejecutivo de Díaz-Ayuso defendía en su impugnación que el tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Constitucional denegó la suspensión cautelar de la aplicación del tributo solicitada tanto por el Ejecutivo madrileño como por la Junta.

El impuesto, que fue aprobado hace casi un año por el Senado, es del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. Esta medida fue incluida vía enmienda en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y banca.

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